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¿Qué son las empresas offshore? La clave para entender los “Panama Papers”

El domingo pasado salieron a la luz más de 11 millones de documentos de la firma legal panameña Mossack Fonseca, conocidos como los “Panama Papers” o “Papeles de Panamá”, que generaron un revuelo mediático debido a los nombres de personalidades que surgieron como dueños, accionarios o integrantes de distintas empresas offshore. Pero, ¿qué son estas empresas? ¿Son ilegales?

Lionel Messi, Daddy Yankee, Vladimir Putin, Mauricio Macri, Jackie Chan, Juan Pedro Damiani… Estas personalidades y muchas más han sido nombradas dentro del escándalo de los Panama Papers por crear o participar de empresas offshore por medio de la firma Mossack Fonseca. Sin embargo, no todos los casos filtrados suponen una actuación ilegal.

Las sociedades offshore son empresas registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica, comúnmente en un paraíso fiscal. Panamá, las Seychelles o las Islas Vírgenes Británicas son algunos de los territorios llamados “paraísos fiscales”, porque montar una sociedad allí es mucho más barato y sencillo que en otros lugares del mundo (no suele superar los 1000 dólares y se puede crear en 48 horas).

“La característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos”, indica el portal Offshorebankshop.com.

Algunas de las ventajas de las sociedades offshore es que aporta protección de activos, ventajas fiscales, confidencialidad y privacidad. Muchos las utilizan como forma de cuidar su patrimonio personal o con el objetivo de obtener mejor rendimiento en sus inversiones.

¿Son ilegales las sociedades offshore?

En principio, las empresas offshore no son ilegales, aunque son opacas en materia de información, porque no existe transparencia sobre su actividad ni sus propietarios. De todas formas, para que sea legal debe cumplir ciertas condiciones:

1) Los directores de la sociedad no pueden tener su domicilio en el país de la sede social.

2) La empresa no puede ejercer actividades comerciales en el país.

3) La empresa no puede utilizar mano de obra local.

4) La empresa no puede utilizar la economía de los países de acogida para inversiones, subsidios ni transferencias bancarias.

No obstante, pueden ser utilizadas para ocultar patrimonio, evadir impuestos o esconder capital de procedencia ilícita. Las regulaciones legales que se aplican a estas empresas son muy laxas y casi no tienen impuestos. En algunos países, como España, los activos y bienes con los que operan deben haber liquidado los impuestos correspondientes en el país en el que se originaron, por lo que no registrarlas compone un acto ilegal. Sin embargo, esto no ocurre en Uruguay, por lo que la DGI declaró que no se esperan grandes sorpresas al respecto.